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| Texto académico de evaluación continua Fundamentos de Ciencia Política II: Sistema Político Español (Grado de Ciencia Política y de la Administración -UNED). Ilustrado en este post con viñetas de Perich y El Roto. |
Este comentario de texto
acerca del Preámbulo del Proyecto de Ley para la Reforma Política (a partir de
ahora, LRP) aprobado por el Gobierno de España el 10 de septiembre de 1976 se estructura en torno a cinco cuestiones:
1. ¿Desde Dónde? ¿Cuáles son los antecedentes políticos más próximos
en los que se contextualiza este texto? Responder a esta cuestión nos llevará
del 20-N al desastre sin paliativos
de Arias Navarro.
2. ¿Dónde? ¿Cuál es el contexto político en el que se aprueba? Responder a esta cuestión nos llevará del desastre sin paliativos de Arias Navarro al impulso democratizador
de Suárez.
3. ¿Qué?¿Cuál es el contenido del articulado de la LRP? Responder a
esta cuestión nos llevará a considerarla como el instrumento jurídico medular
del proceso de democratización que se inició en nuestro país durante el año
1976.
4. ¿Cómo? ¿Cuál fue el procedimiento que se diseño y desarrolló para
la aprobación de la LRP? Responder a esta cuestión nos llevará del suicidio político
de las Cortes franquistas a su ratificación por referéndum.
5. ¿Para Qué? ¿Cuáles son las consecuencias directas e inmediatas en
el corto plazo de la entrada en vigor de la LRP? Responder a esta cuestión nos
llevará a la legalización de los partidos políticos, a la amnistía, a las elecciones
a Cortes Constituyentes y a la Constitución de 1978 en el contexto político de un
bipartidismo imperfecto.
¿Desde Dónde? Del
20-N al desastre sin paliativos de Arias Navarro. En cuanto tuvo conciencia que
estaba muriendo, Franco redactó su testamento político al pueblo español. Fue
leído en directo por televisión por un lloroso y compungido Arias Navarro a las
diez de la noche del mismo día de su muerte. «Creo y deseo no haber tenido
otros [enemigos] que aquellos que lo fueron de España». Y advertía: «No
olvidéis que los enemigos de España están alerta» (Preston, 1998:966) [1].
Es probable que esta profecía de Franco influyese en la forma protogubernativa de dirección política
que Arias Navarro ya venía demostrando (antes del 20 de noviembre de 1975) y
continuaría demostrando después, al frente del ejecutivo. Lejos de la capacidad
hacedora que un semestre después
demostraría Adolfo Suárez, objeto y sujeto de la transición democrática, Arias
Navarro sólo fue un objeto de la misma. Desde sus inicios (en enero de 1974,
después del asesinato de Carrero Blanco) el gobierno formado por Carlos Arias
Navarro mostró una incapacidad manifiesta, ya no para acometer alguna reforma
de consideración, sino incluso para desarrollar algún tipo de política (ni
interior, ni exterior, ni económica). Era un gobierno paralizado por los
equivocados [2] «bunkerizados» (Vilar, 1978:260) [3],
los elementos inmovilistas del régimen, así como bloqueado por las maniobras de
los círculos militares próximos a los Franco. A pesar de la complicada
situación [4],
esta inhibición política acompaña a
Arias Navarro durante los seis meses y medio de tránsito entre la muerte de
Franco y la designación de Adolfo Suárez como Presidente del Gobierno, el 3 de
Junio de 1976.
A finales de 1975,
cuando Juan Carlos de Borbón es proclamado como rey de España jurando lealtad a
los principios del Movimiento Nacional, Arias Navarro «era tan cadáver político como Franco lo era físico» y su ratificación
al frente del gobierno por parte del monarca generó no poca decepción. Juan
Carlos de Borbón pretendía suavizar el tránsito y evitar la erosión de un «hombre nuevo» en los difíciles primeros
momentos de tránsito. Desde la «lógica de
la apertura sin ruptura», Torcuato Fernández Miranda (como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino) proyectó
«un cambio de la casa desde dentro y
sustituyendo pieza a pieza, sin romperla» (Comella, 2008:355) [5]
en el que, simultáneamente, se produjese un progresivo desarme del régimen y
una construcción pacífica del nuevo sistema, esto es,
siempre yendo «de la ley a la ley a través de la ley» (Tusell, 2005: 289) [6].
Así pues, el origen
de la LRP descansa en el cuerpo legislativo del régimen legal vigente en 1975:
el modelo de Estado franquista estaba soportado y regido por un sistema
normativo pseudo-constitucional
conformado por las Leyes Fundamentales del Reino y los Principios Fundamentales del Movimiento, que incluían los procedimientos de enmienda y reforma.
Siguiendo las recomendaciones de Fernández Miranda, la transición de un
régimen autoritario a otro democrático respetó las leyes vigentes, de mofo y
manera que la LRP fue la octava ley fundamental que permitía avanzar hacia la
democracia evitando vacíos normativos potencialmente generadores de
inestabilidad política. ¿Resultado final? La voladura controlada del régimen
franquista.
Ya se adivinaba el
gran juego de las intrigas. La limitada capacidad de iniciativa de Arias
Navarro se puso de manifiesto de nuevo al admitir la presencia de algunos
reformistas entre los miembros de su gobierno (Fraga, Garrigues y Areilza),
que, habiendo recibido el encargo de preparar una evolución que emulase los modelos
griego y portugués (Vilar, 1978:260) y permitiese la integración de España en
una Europa «centrista» y «socialdemócrata» con el beneplácito de
Estados Unidos, supuso un claro intento de equilibrar las fuerzas entre las facciones
del régimen para avanzar por la senda de una reforma mal definida y fuertemente
controlada desde el poder. Esta fórmula de la «dictablanda» (así calificada desde la oposición) (Vilar, 1978:261)
se demostró anacrónica. Las facciones eran personalidades rodeadas de séquitos,
reducidos y enfrentados entre sí, tanto por lo acontecido en el pasado como por
sus respectivas propuestas de futuro. Estas diferencias se agudizaron por la
ausencia de unos objetivos de gobierno claros por parte de Arias Navarro y que
fuesen compartidos por todos. Asesorado por un Fraga «jugando a ser Cánovas», Arias Navarro procedió a una apertura
controlada que integrase a una oposición dispuesta a «jugar a ser Sagasta». El gobierno anunció unas reformas liberales,
autorizando las asociaciones
políticas, que resultaban irrisorias (Vilar, 1978:242). Los objetivos de Arias
Navarro pasaban por reformar tres Leyes Fundamentales (de Cortes, de Sucesión y
la Orgánica del Estado), las leyes de Reunión y Asociación y aprobar una nueva
ley sindical, así como acometer una reforma del sistema tributario. Habiendo
aprobado las reformas de las leyes de Reunión y Asociación, se legalizaron los
partidos políticos, si bien, la plena aplicación de sus efectos jurídicos,
precisaba de la previa abolición de los artículos del Código Penal que
tipificaban como delito la afiliación a los partidos políticos. En este punto,
las Cortes se mostraron intratables y votaron en contra, circunstancia que
supuso un golpe del que no pudo recuperarse el gobierno de Arias Navarro.
Aunque en una proclama de reformismo aparente prometió «cuatro partidos políticos antes de un año» (Comella, 2008:354) en
las páginas de Newsweek (Prego,
1995:391) [7],
Arias Navarro se opuso al reconocimiento del Partido Comunista de España y a
todos aquellos que pudieran ser separatistas. Su aparente talante aperturista y
liberal fue flor de un día (Prego, 1995:391). El propio monarca lo calificó de «desastre sin paliativos» (Prego,
1995:441).
¿Dónde? Del desastre sin paliativos de Arias
Navarro al impulso democratizador de Suárez. En este estado de cosas, para
llegar a una democracia plena se hacía urgente un cambio de gobierno, objetivo último
de Juan Carlos de Borbón. Ante las resistencias del Consejo Nacional del
Movimiento ante las reformas, el rey solicitó la dimisión de Arias Navarro, obteniéndola
de inmediato. Con el ¿democrático [8]?
(Sodaro, 2004:66) [9]
nombramiento posterior de Adolfo Suárez, antiguo Secretario General del
Movimiento Nacional, como nuevo presidente del gobierno comenzó la fase
decisiva entre la crisis del régimen franquista y la instauración de la
democracia. Eso sí, al frente de un «gobierno de penenes» que, a pesar de gozar
de poca confiabilidad dentro de algunos sectores del arco parlamentario del
momento, va a iniciar el camino de la liberalización a la democracia (Tusell, 2005:287) y la liquidación institucional del franquismo.
El nombramiento
del relativamente desconocido Adolfo Suárez se planteó como un juego táctico en
el que Juan Carlos de
Borbón
y Torcuato Fernández Miranda aislaron a los elementos más involucionistas, pero
también a los aperturistas más conspicuos y rechazados por éstos (como los ya
citados, Fraga o Areilza). A partir de
ese momento se fue avanzando en el proceso de reforma impulsado desde el gobierno,
en diálogo discreto con la oposición y con un permanente ruido de sables
proveniente del sector involucionista, alentado por el terrorismo, tanto de
extrema izquierda, como de extrema derecha. Es posible que a más de un@ pesimista, a principios de 1977, le
viniese a la cabeza, salvando las obvias diferencias históricas, la
inestabilidad que caracterizó nuestro siglo XIX. Antes: ciento treinta
Gobiernos, nueve Constituciones, tres destronamientos, cinco guerras civiles,
decenas de regímenes provisionales y un número incalculable de revoluciones que
podemos cifrar en dos mil, es decir, un intento de derribar el poder establecido
cada diecisiete días (Comella, 2008:234). Ahora: fin del franquismo, gobierno
de Arias Navarro y, apenas un semestre después, nombramiento de Adolfo Suárez
como nuevo Presidente del Gobierno, como preludio de lo que sucedería un año
después: su legitimación ante las urnas por sufragio universal.
La transición democrática continúa su proceso
gradual de apertura política que culminaría con la aprobación de la
Constitución de 1978. Después del primer semestre de gobierno de Adolfo Suárez,
el momento político queda caracterizado por cuatro factores básicos:
1. Retroceso de los Inmovilistas. Muestra de esta tendencia la tendremos
en los años venideros. En las múltiples elecciones municipales, autonómicas y
generales habidas en España desde 1977, los partidos que defienden abiertamente
valores franquistas nunca han cosechado más del 2% de los votos (Preston,
1998:975). No obstante, los inicios de la transición muestran un sector bunkerizado que, publicando en El Alcázar, está liderado por ilustres demócratas como José Antonio
Girón de Velasco, José María Fernández de la Vega y Sedano o Blas Piñar.
2. Afianzamiento de los Reformistas. En este juego de fuerzas políticas,
que afortunadamente no acabó siendo de suma cero, Rodolfo Martín Villa,
Ministro de Gobernación del momento, atribuye la principal responsabilidad de
la transición a los más jóvenes y reformistas del régimen anterior y a los más
viejos de la oposición (Tusell,
2005, 279).
Estos factores configuradores del contexto político
de finales de 1976 y principios de 1977 se vieron fuertemente influenciados por
la aprobación en referéndum (celebrado el 6 de diciembre de 1976) del proyecto
de LRP Adolfo
Suárez ante las Cortes meses antes. Habiéndose asegurado la neutralidad de las
Fuerzas Armadas y negociado con los sectores del régimen el procedimiento de
reforma, Suárez logró que las Cortes aprobasen su proyecto, dotando de
legalidad el referéndum de ratificación de la LRP. El éxito cosechado por
Suárez en el referéndum le dotó de absoluta legitimidad para negociar ante la
oposición (desde comunistas hasta demócratas-cristianos, pasando por partidos
regionalistas) las políticas a seguir para llegar a unas primeras elecciones
generales libres convocadas en España desde 1936. Repasando las imágenes de lo
sucedido en la sesión parlamentaria en el Congreso de los Diputados del 18 de
noviembre de 1976 en la que se votó y aprobó la LRP, no puede dejar de
sorprendernos el semblante de Adolfo Suárez al comprobar que el proyecto por él
liderado finalmente significó la tan anhelada legalización de los partidos
políticos [13].
Cerrando los ojos y dibujando una sonrisa que deja entrever plena satisfacción,
apoya su cabeza sobre su asiento del hemiciclo… ¿Visualizando anticipadamente la edición del BOE del
29 de diciembre de 1978? ¿O dibujando también anticipadamente el arco parlamentario
que se configuraría tras las elecciones de junio de 1977?
No obstante, desde cierta parte de la oposición,
partidarios de una ruptura que finalmente quedó descartada, se rechazó
inicialmente la LRP por cuanto constituía el símbolo visible de una reforma
pactada desde las entrañas del poder.
En la izquierda tan sólo el PCE se opuso a la
fórmula propuesta por el Gobierno: eludía la convocatoria del proceso
constituyente reivindicado. Por su parte, el PSOE mostró su oposición,
promoviendo incluso una resolución condenatoria ante el Parlamento Europeo. Sin
embargo, la mayor parte de los grupos de oposición, mientras planteaban protestas
formales, esperaban con interés la evolución de los acontecimientos. La
transición fue un periodo de reforma
del poder porque la ruptura, aspiración
histórica de la oposición a lo largo de numerosos años de resistencia
antifranquista, quedó descartada ya en 1976. Durante el congreso que celebró en
diciembre de 1976 en Madrid, el PSOE aceptó participar en el juego electoral.
Por su parte, el PCE forzó los acontecimientos y, a pesar de continuar siendo
un partido ilegal, Santiago Carrillo se presentó en Madrid el 10 de diciembre,
siendo detenido trece días después. No obstante, el Gobierno, que retrasó la
legalización del PCE hasta la primavera de 1977, se vio obligado a reconocer de
facto su existencia. Alternativamente, el PCE, creador de la tesis de la ruptura, aceptó, también de facto, la
reforma política. Según palabras de Juan Luis Cebrián, director de El País en 1976: «La discusión entre ruptura y reforma
se saldó con un resultado ambiguo, aunque eficaz: se adoptaron métodos reformistas,
mediante la votación de leyes que facilitaran la convocatoria de elecciones
generales y la apertura de un periodo constituyente; se estableció un
compromiso con la Corona y se dio paso a un régimen de nueva planta, construido
sobre el suicidio o la transformación profunda de la derecha que había
sustentado el anterior».
¿Qué? La LRP: el Instrumento Jurídico del
Proceso de Democratización. El proceso de reforma
política abordado se trató de un conjunto de modificaciones de la
legislación de carácter autoritario y vigente en España hasta
ese momento (Leyes Fundamentales del Reino) y que, dos años después, desembocaría en
una Constitución que convirtió a España un estado social y democrático de derecho. Precisamente,
será la Constitución de 1978 la que derogue la LRP. La reforma tenía como
objetivo reconocer y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales y
las libertades públicas, además de legalizar los partidos políticos y la sindicación.
Así mismo, implicaba la aprobación de una Ley Electoral para regular los comicios y la modificación del Código Penal que despenalizase los tipos delictivos de carácter
político y que concediese una aministía a los condenados por tales delitos. La
piedra angular del proceso fue la LRP, instrumento jurídico que permitió
articular la transición española del régimen dictatorial franquista nacido tras
el último parte de guerra del 1 de abril de 1939 a un sistema constitucional democrático,
una monarquía parlamentaria como se definiría en la Constitución española de
1978 tras las elecciones generales de 1977. Las palabras del reformista
Alfonso Osorio explican con claridad como la reforma que quería Juan Carlos I fue la que se realizó a través de Adolfo Suárez:
«El Rey tenía claro que tenía que haber un régimen de libertades igual para
todos los españoles y que en ese régimen de libertades la única forma de
representación política era la democracia y que las cámaras debían ser elegidas
por sufragio universal […] El Rey sabía que las únicas monarquías que
sobrevivían en el mundo eran las que estaban dentro de esa fórmula […] y que él
no podía ser un rey del siglo XVIII, ni
tan siquiera del siglo XIX».
A finales del verano de 1976 se inició la redacción
de una LRP en la que participó muy activamente Fernández Miranda. El proyecto, objeto de varias
redacciones, tuvo siempre bien claros los propósitos fundamentales: la ley tenía
que resultar aceptable para la oposición y conducir rápidamente a unas
instituciones democráticas. El día 8 de septiembre se presentó a los altos
mandos militares, ante los que Adolfo Suárez pareció dar la sensación que no se
admitiría la legalidad del PCE. Dos días más tarde, se dirigió al país y, más
que defender un texto legal, anunció
la apertura de un gran debate nacional destinado a acomodar las leyes a la
realidad española del momento. Anunció que el Gobierno se proponía dar la
palabra al pueblo español para solucionar el problema político. Su planteamiento estratégico consistió
en un texto legal para la reforma política que posibilitaba un resultado final
democrático, pero sin crear un marco cerrado, ni rígido. En su
preámbulo, la LRP declara la democracia como objetivo final que, sin
improvisaciones, debe partir de la realidad social existente. Los principios de
sufragio universal y de soberanía de la ley introducían una especie de auto-ruptura que, restando legitimidad a
las instituciones franquistas,
introducía otro principio de legitimidad: la soberanía del pueblo español. Considerando
que España vivía una situación transicional, la LRP dio por sentado que el contenido
jurídico definitivo no se conocería hasta después de consultada la voluntad
nacional. Sólo entonces, se abordaría la institucionalización de las
peculiaridades regionales, el sistema de relaciones entre el Gobierno y las
Cámaras legislativas (esto es, la responsabilidad del Gobierno ante el
Parlamento), la reforma sindical. Tampoco se hacía alusión alguna a la institución monárquica (para no cuestionar su legitimidad).
Los ejes políticos fundamentales derivados del análisis detallado de su articulado son los siguientes:
Los ejes políticos fundamentales derivados del análisis detallado de su articulado son los siguientes:
1.
Un Estado democrático basado en la
supremacía de la ley como expresión de la voluntad soberana del pueblo como
derecho político igual para todos, residiendo en las Cortes la potestad
legislativa (elaboración y aprobación de leyes), con la posterior sanción y
promulgación por parte de la Corona.
2.
Unos derechos fundamentales de la
persona inviolables y que vinculan a todos los órganos del Estado. Esta
adhesión a los derechos fundamentales daba sentido a todo el texto.
3.
Unas Cortes bicamerales compuestas por el Congreso de Diputados (conformado por
350 diputados elegidos por sufragio
universal, directo y secreto de los españoles mayores de edad) y
el Senado (conformado por 207 senadores elegidos en representación de las entidades
territoriales, si bien la Corona puede designar para cada legislatura un máximo
del 20% de los senadores elegidos). Con unos mandatos por cuatro años, ambas
cámaras gozan de autonomía reglamentaria y organizativa (eligen a sus
respectivos presidentes), si bien el Presidente de las Cortes y del Consejo del
Reino serán nombrados por el rey. La misión de estas dos Cámaras sería la elaboración de una nueva Constitución. Las discrepancias existentes respecto
al sistema electoral a utilizar se dirimieron por el procedimiento de
que el Senado se elegiría por una ley electoral mayoritaria, mientras que el
Congreso emplearía un sistema proporcional.
4.
La iniciativa de reforma constitucional
corresponde al Gobierno y al Congreso de Diputados y requiere la aprobación de
la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras (Congreso y Senado). El
Senado delibera sobre el texto previamente aprobado por el Congreso y, si este
no fuera aceptado, las discrepancias se someten a una comisión mixta (compuesta
por los presidentes del Congreso y del Senado, 4 diputados y 4 senadores,
elegidos por las respectivas cámaras). Si esta comisión no llegara a un acuerdo
o los términos del mismo no merecieran la aprobación de las dos cámaras, la decisión
se adoptará por mayoría absoluta de los componentes de las Cortes en reunión
conjunta.
El rey, antes de sancionar una ley de reforma constitucional, deberá someter el
proyecto a referéndum de la nación.
5.
Iter Legislativo Ordinario. En la
tramitación de los proyectos de ley ordinaria y como cámara de segunda lectura,
el Senado delibera sobre el texto previamente aprobado por el Congreso. Si éste
no fuera aceptado, las discrepancias se someterán a una comisión mixta (también
compuesta por los presidentes del Congreso y del Senado, 4 diputados y 4
senadores, elegidos por las respectivas cámaras). Si esta comisión no llegara a
un acuerdo por mayoría simple de ambas cámaras, el Gobierno podrá pedir al
Congreso de los Diputados que resuelva definitivamente por mayoría absoluta de
sus miembros.
6.
Referéndum. El rey podrá someter
directamente al pueblo una opción política de interés nacional (constitucional
o no) para que decida y cuyos resultados se impondrán a todos los órganos del
Estado. Si el objeto de la consulta se refiriera a materia de competencia de
las Cortes y éstas no tomaran la decisión correspondiente de acuerdo con el resultado
del referéndum, quedarán disueltas, procediéndose a la convocatoria de nuevas
elecciones.
¿CÓmo? Del Suicidio Político de las Cortes Franquistas a la Ratificación por
Referéndum. Se ha dicho que la tramitación parlamentaria de la LRP
constituyó el suicidio político de las Cortes franquistas. La LRP pasó por
el trámite del Consejo Nacional del Movimiento a principios del mes de octubre.
El Gobierno estuvo ausente en los debates del Consejo, mostrando desde el
principio su desapego respecto a la opinión de sus miembros. El Consejo
Nacional del Movimiento propuso algunas rectificaciones menores (por ejemplo,
requerir el informe del Consejo del Reino para la convocatoria de cualquier
tipo de referéndum por parte del Rey), mostrándose incapaz de enfrentarse directamente
con el proyecto y queriendo, no obstante, controlar en lo posible una democracia
ya irreversible. El Gobierno no tomó en consideración las enmiendas del
Consejo. Su decisión sí era vinculante, por lo que en ellas se jugaba el
destino del proyecto de ley. La aprobación no estaba asegurada ya que la
primera disposición legal enviada por Adolfo Suárez a los
procuradores franquistas fue una reforma del Código Penal que tan sólo logró 225
votos, cuando para modificar las leyes fundamentales se necesitaban 280. Pero
el proyecto sería aprobado por varios factores: (a) La habilidad de Fernández Miranda logró
que la LRP fuera tramitada por procedimiento de urgencia; (b) El Gobierno y los
sectores reformistas hicieron presión sobre los procuradores creándoles expectativas
de ser reelegidos y acordando en la Ley Electoral un criterio restrictivo
respecto a la proporcionalidad; y (c) Para poder influir en las Cortes se
recurrió a personas que no levantasen suspicacias entre los procuradores: el ex-ministro López Bravo presidió la ponencia
encargada de examinar el texto del proyecto; el ponente fue Fernando Suárez
(vicepresidente del Gobierno con Arias Navarro) y el falangista Miguel Primo de
Rivera y Urquijo presentó la ley a las Cortes.
El resultado
final de este conjunto de maniobras fue la votación del día 18 de noviembre en
la que 435 procuradores se expresaron de modo afirmativo y tan sólo 59 lo
hicieron en contra. Hubo 13 abstenciones y los ausentes (hasta 531) se pueden
considerar también contrarios al proyecto. Al final de la votación, Gobierno y
procuradores se aplaudieron mutuamente. A esta votación y a la consecuente
aprobación de la LRP se ha conocido posteriormente
como el «harakiri de las Cortes
franquistas». El ex diputado
socialista Pablo Castellano recuerda esta anécdota: «Llegado el día de tomar la verdadera medida a aquella decisión, la
aprobación de la Ley para la Reforma Política, cuando se olfatea que el modelo
de monarquía que se perfila es realmente distinto al que en su día se proponía,
es cuando 13 procuradores en Cortes, 7 de ellos tenientes generales y otro un
general votan en contra. A su lado otros 14 votan a favor. Como Franco ya había
muerto se podían permitir hacer lo que en toda su vida jamás habían hecho:
votar en contra de un proyecto del Gobierno».
A partir de aquí, quedaba abierta la carrera a
las elecciones de junio de 1977, las primeras desde 1936. En estas elecciones
el voto se concentró en UCD (incluía antiguos azules y socialdemócratas) y PSOE,
flanqueados a derecha e izquierda por AP y PCE. El cuadro lo completaban varios
partidos nacionalistas y regionalistas, que en ningún caso encabezaron los
resultados de sus circunscripciones. Como era de esperar, triunfaron los
partidos centristas y liderados por jóvenes con mensajes de cambio dentro de un
orden. Suárez y González representaban una ruptura con el pasado. En palabras
de Santos Julià, fue la muerte ritual del
padre. Se querían caras nuevas. El Partido Socialista Popular de Tierno
Galván, el PCE de Carrillo, y la AP de Fraga cosecharon un rotundo fracaso,
especialmente estos dos últimos. AP erró en su estrategia de posicionamiento
político: desde el verano de 1976, Fraga dejó de relacionarse con
personalidades centristas e intentó vertebrar el franquismo sociológico para
lograr una sólida fuerza electoral articulando una coalición de asociaciones políticas provenientes del régimen anterior. Durante la campaña electoral
de 1977, Fraga optó por recordar el pasado y no por invocar al futuro democrático. Su condena a la legalización del PCE, su
oposición a que las nuevas Cortes
fueran constituyentes y su obcecación en no aceptar la
voladura de la obra franquista, hicieron que su centrismo pareciera más
propio del tardofranquismo que del inicio de una democracia. En definitiva,
aparecía como un personaje amenazador y conflictivo para la segunda fase de la
transición política.
Así pues, quedó configurado un primer sistema de
partidos que no se parecía en nada al surgido en las elecciones de 1936: una
nueva discontinuidad en una historia discontinua. La división izquierda/derecha
no estaba ya cortada por la línea de clase social, ni de si monarquía o república.
En 1936 los partidos que formaron el gobierno provisional obtuvieron una
aplastante mayoría parlamentaria, en 1977 la divisoria izquierda/derecha
(PSOE/UCD) resultó muy equilibrada. Tanto en la derecha como en la izquierda
los triunfadores se situaban en la zona más cercana al centro, mientras que
hacia los extremos quedaron dos partidos minoritarios y hubo un espacio de 25 diputados
de partidos regionalistas-nacionalistas (7% del electorado). ¿Resultado?
Bipartidismo Imperfecto: dos partidos habían aglutinado el 63% de los votos y
se repartían el 80% de los escaños.
[1] PRESTON, P.
(1998) Franco «Caudillo de España. Edit. Grijalbo Mondadori: Madrid.
[2] Los «continuistas» confundieron la adaptación pasiva a la dictadura por parte de la
clase media con un apoyo activo al régimen por su eficacia económica.
Confundieron la pasividad o apatía política de una población con poca o nula
tradición democrática con una afección al Régimen derivada del desarrollismo económico que circuló en
Vespa primero en un Seat 600 después.
[3] VILAR, P.
(1978) Historia de España. Editorial Crítica: Barcelona.
[4] Plena crisis económica desatada en 1973 (tras la guerra arabeisraelí
del Yom Kippur que provocó el brutal encarecimiento del crudo y tras la ruptura
de los acuerdos de Bretton Woods que alteró el sistema monetario
internacional), crisis exterior con Marruecos y profunda crisis del régimen
(con facciones de la dictadura enfrentadas desde 1969).
[5] COMELLA, J.L. (2008) Historia de España Moderna y Contemporánea.
Editorial Rialp: Madrid.
[6] TUSELL, J. (2005). Dictadura Franquista y Democracia,
1939-2004. Historia de España, XIV. Editorial Crítica: Barcelona.
[7] PREGO, V. (1995) Así se Hizo la Transición. Plaza &
Janés Editores: Barcelona.
[8] En su obra El Arte de la Manipulación Política
(1990) y aplicando la Teoría de la
Elección Racional a la comprensión de varias decisiones adoptadas durante
la transición española, Josep María Colomer da cuenta de «cómo Torcuato Fernández Miranda manipuló el procedimiento de selección
para la terna de candidatos que el Consejo del Reino debía ofrecer al Rey Juan
Carlos, con el fin de incluir en ella a Adolfo Suárez, un candidato que carecía
de apoyos suficientes para salir elegido en una votación directa dentro del
Consejo, pero a quien el Rey había decidido de antemano designar como
Presidente del Gobierno».
[9] SODARO, M.J. (2004). Política y Ciencia Política. Editorial
McGraw-Hill: Madrid.
[10] Provocó una reacción popular en la que miles de personas se
manifestaron con la voluntad, no ya de continuar con el proceso de negociación,
sino de acelerarlo con la legalización de los partidos políticos. «La conquista
de legitimidad social del PCE avanzó la tarde de aquel entierro [el de las
víctimas de Atocha] más que en los dos años anteriores». En este contexto,
también cabe destacarse la ratificación del compromiso por parte de los medios
de comunicación, el autocontrol del Gobierno y el comportamiento del Partido
Comunista.
[11] Nueva Historia de
España. La Historia en su Lugar. España
en Democracia. [Vídeo] Barcelona: Editorial Planeta, [2002] 1 Disco
Compacto.
[12] No obstante y mientras se debatían las reglas que regirían el nuevo
sistema político, seguían vigentes las anteriores reglas que regían la política
de orden público, como quedó de manifiesto con la militarización de Correos y
Renfe ante sus respectivas huelgas.
[13] Nueva Historia de
España. La Historia en su Lugar. España
en Democracia. [Vídeo] Barcelona: Editorial Planeta, [2002] 1 Disco
Compacto.
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