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| Texto académico de TEMA DE DESARROLLO en Prueba Presencial Historia Política y Social Contemporánea de España (Grado de Ciencia Política y de la Administración -UNED). |
EL FRANQUISMO EN LOS AÑOS CUARENTA Y CINCUENTA: LA AUTARQUÍA.
La dictadura implantada como consecuencia de la guerra civil se presentó como negación del liberalismo del siglo XIX y de la democracia republicana del XX, como un intento de detener la historia y devolverla al mítico origen de la nación española: los Reyes Católicos, el Imperio y el Siglo de Oro. Un Estado totalitario pretendió crear una sociedad cerrada, autárquica, corporativa, homogéneamente católica, soñando con recuperar un pasado imperial. Mirando siempre hacia tras y en busca de este modelo, la Dictadura combinó instituciones de origen medieval y nostalgias coloniales adobadas con retórica fascista. Veinte años después, superadas las décadas de los 40 y 50, una sociedad comenzó de nuevo a ponerse en movimiento. Hasta entonces, represión, regimentación, recatolización, aislamiento e institucionalización del nuevo régimen fueron los factores clave que definieron el franquismo.
La dictadura implantada como consecuencia de la guerra civil se presentó como negación del liberalismo del siglo XIX y de la democracia republicana del XX, como un intento de detener la historia y devolverla al mítico origen de la nación española: los Reyes Católicos, el Imperio y el Siglo de Oro. Un Estado totalitario pretendió crear una sociedad cerrada, autárquica, corporativa, homogéneamente católica, soñando con recuperar un pasado imperial. Mirando siempre hacia tras y en busca de este modelo, la Dictadura combinó instituciones de origen medieval y nostalgias coloniales adobadas con retórica fascista. Veinte años después, superadas las décadas de los 40 y 50, una sociedad comenzó de nuevo a ponerse en movimiento. Hasta entonces, represión, regimentación, recatolización, aislamiento e institucionalización del nuevo régimen fueron los factores clave que definieron el franquismo.
REPRESIÓN. El fin de la guerra
supuso en las filas republicanas la muerte, la cárcel o el exilio. Más de
50.000 españoles fueron fusilados entre 1939 y 1943. Cerca de medio millón
cruzaron la frontera y en mayo de 1940 todavía quedaban alrededor de 260.000
prisioneros. Miles de republicanos, socialistas, anarquistas y comunistas
salieron hacia cárceles o colonias penitenciarias. El ritmo de trabajo, los
castigos y la mala comida provocaron graves enfermedades en los penados. La
represión se cebó también en las viudas, hijas o hermanas, quienes rapadas
sufrieron la purga, la marcha por las calles del pueblo y el despojo de sus
bienes. La finalidad de esta
represión fue erradicar por completo las causas del desvío de la nación y
enderezarla. Para ello, el nuevo Estado se dotó de medidas jurídicas excepcionales
(La Ley de Responsabilidades Políticas pudo
aplicarse retroactivamente desde la revolución de 1934 y la Ley de Represión de la Masonería y del
Comunismo), aplicó el código de justicia militar en consejos de guerra
sumarísimos y estableció comisiones de depuración. En conjunto y según palabras
de Dionisio Ridruejo, fue una perfecta
operación de extirpación de las fuerzas políticas que habían sostenido la
República.
REGIMENTACIÓN. Además de reprimir, las
autoridades también regimentaron todas las actividades económicas y sociales:
había que disciplinar la fuerza de trabajo y esta tarea se encomendó a FE que,
desde 1938, ocupó altas posiciones de gobierno. Bajo su mando, se encuadraron
todos los productores en una organización sindical regida por los principios de
verticalidad, unidad, totalidad y jerarquía. La FET y las JONS concebían los
sindicatos como un servicio del Partido y el Fuero del Trabajo establecía que todos los factores de la economía
debían quedar integrados en sindicatos verticales cuyos directivos procedían de
la propia FET. La Ley de Unidad Sindical
consagró el nuevo sindicato y la Ley de
Bases de la Organización Sindical agrupó a obreros, técnicos y empresarios
en una misma organización, garantizando con ello la conexión orgánica del
Estado con el Sindicato (reduciéndolo a un instrumento de su política económica).
En 1940 se creó la Comisaría General de Abastecimiento y
Transportes con competencias sobre multitud de artículos de primera
necesidad. Las infracciones se perseguían por una Fiscalía de Tasas que podía llevar a los culpables ante tribunales
militares. Las consecuencias fueron inmediatas: al fijar precios bajos, los agricultores labraron menos tierra,
ocultaron cosechas y canalizaron parte de su producción al mercado negro. Todo
ello generó un descenso de los salarios agrícolas en un 40% respecto a los
pagados antes de la guerra. Los jornaleros perdieron la posibilidad de
organizar sus propios sindicatos y la presión para mejorar sus contratos. El
reforzamiento del poder de las fuerzas de seguridad, la ausencia de un Estado
de Derecho y una magistratura independiente generó la más absoluta indefensión
del campesinado. Pero todo ello no favoreció en nada a la producción: se
provocaron hambres generadas por las mediocres cosechas, los alimentos básicos
quedaron sometidos a régimen de racionamiento (que se mantendrá hasta comienzos
de los años 50). El intervencionismo y la autarquía sirvieron también como guía
de la política industrial. En el
sector industrial, las destrucciones de la guerra habían sido superiores a las
del sector agrario. Los destrozos más significativos fueron en el transporte y
las comunicaciones, pero no en el tejido industrial. En la inmediata posguerra
la producción industrial sufrió una profunda depresión. Los planes de
industrialización quedaron vinculados a la creación en 1941 del Instituto Nacional de Industria (INI),
centrado preferentemente en la industria de la defensa, era el único fabricante
de camiones y automóviles, fertilizantes, aluminio y refino de petróleo. La ideología industrialista era una mezcla
del principio de intervencionismo estatal protector (de los industriales frente
a las reivindicaciones obreras y los competidores extranjeros) con el principio
del Estado como empresario ya agente industrializador. El gobierno (además de
descabezar a la clase obrera) favoreció la ausencia de competitividad implantando
monopolios y oligopolios. Proliferaron la burocracia y toda clase de
irregularidades administrativas en un clima económico que ignoraba los
principios de racionalidad de libre empresa y la búsqueda de mayor
productividad por medio de la reducción de costes. El conjunto de todo ello
generó una profunda depresión de la industria española durante la primera mitad
del franquismo: hasta 1950 no se recuperó el nivel de producción industrial
alcanzado en 1930.
RECATOLIZACIÓN. A la represión y
regimentación se unió la vasta empresa de recatolización emprendida por la
Iglesia. En el ámbito educativo el control de la Iglesia fue total, pudiendo
ejercer un poder sin trabas, depurando un pasado identificado con la Institución Libre de Enseñanza. Espurgo
de libros, depuración de maestros y abandono de cátedras fueron algunas de las
consecuencias. Las autoridades educativas abandonaron la actuación en el sector
público y dedicaron todos sus esfuerzos a sostener y expandir el sector
privado. En los primeros 15 años del la construcción de centros de enseñanza
media fue nula: 119 institutos había en 1940 y 119 seguían existiendo en 1956.
Todo el incremento de alumnado se dirigió a los centros religiosos, los cuales
vivieron su particular edad de oro.
AISLAMIENTO DEL EXTERIOR. El Nuevo Estado rompió
todos los vínculos de España con el exterior. Influyeron factores de diversa
índole: (a) Una política de industrialización autárquica, (b) Exclusión de las
Naciones Unidas; (c) La retirada de embajadores; (d) El cierre temporal de la
frontera con Francia tras la Segunda Guerra Mundial; y (e) Ideológicos. El
Nuevo Estado, en su origen, pretendió erigirse como una fusión de la auténtica
tradición española, monárquica y católica, con el nuevo estilo fascista bajo el
caudillaje carismático del general Franco. Esta mezcla proporcionó al Nuevo
Régimen una singular identidad: Ejército, Falange e Iglesia, las tres grandes
burocracias que dominaban la vida económica, política, social y moral y que lo
alejaban de cualquier otro sistema vigente en Europa.
INSTITUCIONALIZACIÓN. Mientras estas políticas se llevaban a la práctica, el Nuevo Estado
procedía lentamente a su institucionalización. La Ley de Reorganización de la Administración del Estado de 1939
ratificaba al Jefe de Estado la facultad de dictar resoluciones y disposiciones
sin previa deliberación del Consejo de Ministros cuando la urgencia así lo
aconsejara. Con una jefatura del Estado dotada de facultades soberanas, un
partido único, un Gobierno y una Administración central del Estado, quedaba aún
por dar el último paso: uno en forma de ley constituyente. Tras el fracasado
proyecto de Ley de Organización del
Estado de Serrano Suñer (que no fue bien acogido ni por la Iglesia, ni por
el Ejército ni por el propio Franco), Franco promulgó en 1942 la Ley Constitutiva de Cortes que
reafirmaba en la Jefatura del Estado la suprema potestad de dictar normas jurídicas
de carácter general, atribuyéndosele a las Cortes una mera función de colaboración
en dicho menester. Unas Cortes que, queriéndose garantizar lealtad y aplausos,
no dejaban de ser una reproducción del propio Estado, es decir, con sus escaños
reservados a los nombramientos por parte del propio Jefe de Estado.
El
proceso de construcción del nuevo Estado sufrió algún sobresalto con el triunfo
de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Franco decidió soltar parte de la
parafernalia fascista del régimen y resaltar su naturaleza católica, netamente
española y en consecuencia, anticomunista, con el explícito propósito de
hacerlo atractivo a Washington y establecer un vínculo especial con la Santa
Sede. A esta inflexión hacia lo católico
y a la necesidad de hacer al régimen
aceptable a los aliados respondió la rápida promulgación de un catálogo de
deberes y derechos de los españoles: en 1945 se promulgan el Fuero de los Españoles y la Ley de Referéndum Nacional y en
1947 la Ley de Sucesión a la Jefatura
de Estado que en su artículo primero establece a España como un Estado
católico, social y representativo que se declara constituido en reino. El poder
supremo de Franco se ejercería en la designación de sucesor, reservándose la
facultad omnímoda de nombrarlo y de revocar su nombramiento. La Ley de
Sucesión, además de definir la forma de Estado, instaurar la Corona como
institución sucesoria, atribuyó a Franco la jefatura vitalicia y creó un
Consejo de Regencia y un Consejo del Reino. Regulando la sucesión con todo
detalle, proclamaba como Leyes Fundamentales de la nación la Ley Constitutiva
de Cortes, la Ley de Referéndum Nacional y la misma Ley de Sucesión. A estas
tres, se añadiría el Fuero del Trabajo
de 1938 (que organizaba los sindicatos verticales). Las cinco leyes formaron el
primer bloque de leyes fundamentales,
que no se podía modificar ni derogar sin el acuerdo de la Cortes y el
referéndum de la nación. Pero no constituyeron un bloque cerrado: tendrán que
pasar 10 años para que una nueva Ley Fundamental vea la luz: la Ley de Principios del Movimiento
de 1958. Pasarán otros 10 años para que se dé por finalizado el edificio con la
Ley Orgánica del Estado de
1967 destinada a asegurar la continuación del régimen en forma de monarquía
autoritaria, dirigida por una alta burocracia del Estado.
Los años 50 suponen el
inicio de una lenta salida de la
autarquía. Al finalizar la década de los 40, la política económica había
fracasado: la producción agrícola había retrocedido y la industrial estaba
sumida en una permanente depresión. Toda la economía se sentía atenazada por el
rígido intervencionismo estatal y por una burocracia ineficiente. El mercado negro había florecido, mientras
el nivel de vida de la mayoría de los españoles había descendido en un tercio
respecto a los primeros años de la década de 1930, produciéndose en 1951 las
primeras muestras de malestar obrero. A principios de los cincuenta era evidente la necesidad de un cambio de rumbo tanto en la política económica, como en las relaciones con el exterior.
En el interior,
el estado de guerra sólo se levantó en 1948 una vez que fueron reprimidas las
huelgas y manifestaciones y la actividad de las guerrillas. En el exterior, la política de acercamiento a
Estados Unidos dio sus frutos y España, además de presentarse como nación
católica, se ofreció como seguro aliado en la política de contención del
comunismo y permitió que se suelo fuera utilizado para las misiones
estratégicas requeridas por la política internacional norteamericana. La V
Asamblea General de las Naciones Unidas revocó en 1950 su resolución de 1946,
con lo que puso fin oficial al aislamiento internacional del régimen.
Ante una crisis de gobierno, Franco, de nuevo, distribuyó equilibradamente el poder
entre militares, Acción Católica y FE, adornándolo con algún monárquico. Este
nuevo gobierno, consolidando las relaciones con Estados Unidos y con el
Vaticano, consiguió la admisión de España en la UNESCO, en la OMS y en 1955 en
la ONU. A la vez que se abría el régimen al exterior sirviéndose de las ventanas
norteamericana y vaticana, se buscó un rápido
crecimiento industrial basado en
un ideario económico en el que primaba la ortodoxia de la administración del
sector público y la apertura a intercambios internacionales frente al ideal
autárquico y la afirmación de las ventajas del mercado libre sobre la política
de control e intervención. Varios ministerios pusieron en marcha políticas de
rápido crecimiento industrial basadas en la liberalización del comercio
exterior que permitiera a las industrias proveerse de materias primas y
maquinaria. El cambio de orientación afectó también a la política agraria de la mano del ministro de Agricultura Rafael
Cavestany que se mostró muy crítico con las restricciones, intervenciones,
cupos forzosos y racionamientos, llegando a atribuir el déficit de alimentos a
la política económica seguida desde el final de la guerra civil. Como
consecuencia, hubo un incremento
sostenido de la renta nacional y de la renta per cápita, que alcanzó y
superó la de los años 30. La liberalización del comercio exterior provocó un
considerable aumento de la demanda de productos extranjeros. En este contexto
de crecimiento, Estados Unidos contribuyó a esta revitalización económica con
1.500 M$ en concepto de donación o préstamo, que permitió un incremento de las
importaciones y una reanimación de la actividad económica.
La actividad industrial dependía en último término del comportamiento de la demanda interna,
pero el nivel de que se partía era tan bajo que su incremento se encaminó a la
mayor demanda de alimentos y no tanto a la de productos manufacturados. Se
produjo por tanto una saturación en la oferta de productos manufacturados (p.e.
el textil). La única política para mantener el ritmo de la actividad industrial
consistía en aumentar la capacidad de consumo. Se procedió a la incremento de
salarios que, a su vez, disparó la inflación.
En 1956-1957 todo el proceso de crecimiento parecía amenazado por el déficit
comercial y el aumento de la inflación. Las presiones inflacionistas llevaron a
la economía española al borde del abismo. Esta crítica situación económica
coincidió con las primeras muestras de
desafección y hostilidad al régimen por parte de universitarios y la nueva
clase obrera. Habían pasado ya 15 años de franquismo y una nueva generación
pretendía afirmar su presencia: 1956 es el año de las movilizaciones
estudiantiles y de huelgas. Gentes de muy diferentes tendencias (desde
monárquicos, falangistas y católicos hasta comunistas y socialistas) aglutinaba
una oposición que incluía a los hijos de vencidos y vencedores.
Los desequilibrios provocados
por la coexistencia de la vieja inercia autárquica con las medidas
liberalizadoras habían llevado a la economía española a una situación de
bancarrota. En 1957 hay una nueva
crisis de gobierno que conlleva la llegada al gobierno de una nueva élite de
poder (tecnócratas procedentes del Opus Dei y con López Rodó a la cabeza) a los
centros de decisión política y económica con el objetivo de acometer una reforma de la Administración que sirva
como base a un desarrollo económico. Empezaron aprobando la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado de 1957 y siguieron con las leyes de procedimiento
administrativo, la Ley de Régimen
Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, la Ley de Funcionarios Civiles del Estado y la Ley de Retribuciones de Funcionarios. Este conjunto de normas
renovó la Administración Pública bajo criterios de racionalidad burocrática. Este es el
momento en el que se creaba el
Mercado Común
Europeo con el Tratado de Roma y se aprobaba en Francia el plan de
estabilización. Bien relacionados con los medios financieros internacionales,
los ministros del gobierno se dispusieron a seguir las recomendaciones de la
OCDE y del Banco Mundial para adoptar medidas
de saneamiento antes de acometer un plan de relanzamiento económico. Así
pues:
(a) Ampliación de
la libertad de comercio exterior para aumentar el camino de la liberalización
económica;
(b) Nueva Ley de
Convenios Colectivos que reestructuró el marco de la negociación salarial; y
(c) Integración en
los organismos económicos y financieros internacionales (OCDE y FMI).
Con estas instituciones se discutió un plan de reformas económicas para las que España pudo contar con su financiación. Todas las reformas perseguían el objetivo de alinear el capitalismo español, corporativista y protegido, con el mundo occidental.
Con estas instituciones se discutió un plan de reformas económicas para las que España pudo contar con su financiación. Todas las reformas perseguían el objetivo de alinear el capitalismo español, corporativista y protegido, con el mundo occidental.
Dos años después,
el 21 de julio de 1959, se aprobaría el Decreto-ley
de Ordenación Económica que, constituyendo un Plan de Estabilización, fue también un Plan de Liberalización que
inauguraba un nuevo periodo de crecimiento económico intenso y sostenido.
En resumen, si hacemos un balance general de la política
económica exterior del franquismo (desde 1940 hasta 1975) podemos concluir: (a)
El franquismo heredó un modelo económico muy cerrado al exterior, ya con claras
tendencias autárquicas, que el Nuevo Régimen endureció aún más, tanto por
propia iniciativa como por el bloqueo económico internacional al que España se
vio sometida tras la Segunda Guerra Mundial; (b) La política económica seguida
por el régimen franquista no fue homogénea, distinguiéndose dos etapas: la
autárquica (de 1940 a 1959) y la apertura externa (de 1960 a 1975); (c) El
punto de inflexión entre la Autarquía y la Apertura externa lo representa un
conjunto de reformas (Reordenación Económica), cuyo eje central fue el Plan de
Estabilización de 1959; y (d) El franquismo, tras la apertura económica de los
sesenta, apostó por intensificar sus relaciones externas con las Comunidades
Europeas.
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