Mostrando entradas con la etiqueta Consolidación Democrática. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Consolidación Democrática. Mostrar todas las entradas

UNA DEMOCRACIA POR FIN CONSOLIDADA: Los Retos del PSOE en 1982 (6 de 6)

Texto académico de evaluación continua
Historia Política y Social Contemporánea de España
(Grado de Ciencia Política y de la Administración -UNED).
¿Cuáles fueron los retos planteados al PSOE tras su triunfo electoral en octubre de 1982? 

«En 1982, los retos afrontados por el PSOE fueron de dos tipos: (a) Económicos (Inflación, Paro y Déficit) y (b) Políticos (Sistema de Partidos Políticos, Terrorismo, Descentralización Autonómica e Integración en la CE». 

Se ha señalado el año 1982 como el final de la transición (Tusell, 2005:327). El día 28 de octubre se celebran las elecciones generales convocadas por un Leopoldo Calvo-Sotelo desasistido por Unión de Centro Democrático y con su propio grupo parlamentario «torpedeando» su política. Con una participación electoral del 79,8% del censo electoral (casi 12 puntos mayor que la registrada en las anteriores elecciones), el Partido Socialista Obrero Español logró una aplastante mayoría absoluta (más del 48% de los votos emitidos, es decir, más de 10 millones de votos) que se tradujo en 202 escaños[1] (frente a los 107 escaños de Alianza Popular, un 26,36% de los votos emitidos, es decir, más de 5,5 millones de votos). Para aproximarnos a la importancia que tuvieron estos resultados en cuanto a la distribución territorial del poder político, véase la siguiente figura:


Figura 1. Distribución de Circunscripciones Electorales por Partidos Políticos tras las Elecciones Generales de 1982

El PSOE tocó techo. Pero, hasta la fecha, ningún otro partido político, en ninguna otra cita electoral ha conseguido igualar o superar estos resultados. Para aproximarse visualmente a esta idea, véase el siguiente gráfico:


Gráfico 2. Distribución Escaños por Partidos Políticos y Elecciones Generales desde 1977 hasta 2008

Ante esta prueba fehaciente de legitimidad de la democracia ante los españoles y sin haberse superado aún los peores efectos de la crisis económica iniciada en 1974, el gobierno formado por Felipe González se enfrenta a una de las situaciones más delicadas de la frágil democracia española del momento, la cual le presenta una serie de retos que bien podrían agruparse en dos grandes dimensiones (o, si se prefiere, crisis): (a) Económica y (b) Política.

Crisis Económica: Inflación + Déficit + Paro.

‒ Inflación superior al 15% anual que hacía estragos sobre el poder adquisitivo de la población y su renta disponible para el consumo, mientras otros países europeos como Alemania, Gran Bretaña o Francia registraban tasas de inflación del 4,5%, 5,4% y 9,6% respectivamente (Globalrates.com, 2011). Ante esta situación, el gobierno de Felipe González puso en marcha una política monetaria destinada a contener la inflación y que conllevó una devaluación de la peseta en noviembre de 1982 y un ajuste realista del tipo de cambio (que supuso una depreciación del 8%). 

Evolución Mensual IPC durante 1982

‒ Déficit público en continuo aumento. El balance desequilibrado entre los ingresos y el gasto público acompañará al gobierno socialista durante toda su primera legislatura. No conseguirán estabilizarlo (incluso, reducirlo levemente) hasta mediados de su segunda legislatura, cuando Carlos Solchaga abandona la cartera de Industria y Energía y sustituye a Miguel Boyer al frente del Ministerio de Economía y Hacienda. Actualmente, el déficit público es considerado un fenómeno reciente por cuanto se produce por primera vez en el año 1977. Desde ese momento y hasta el año 1982, su financiación recaía exclusivamente sobre el Banco de España. Es precisamente a partir de la formación del gobierno socialista que la financiación del déficit público se orienta hacia los mecanismos de mercado, lo cual exigió la puesta en marcha y desarrollo de una política de Deuda Pública. Ante esta situación, el gobierno de Felipe González puso en marcha una política fiscal destinada a la contención del gasto público para conseguir controlar primero y reducir después el déficit público (Hernández García, 2005:125-134). 


Evolución Interanual Ingresos Públicos, los Gastos Públicos y la Deuda Pública

En este gráfico, que muestra la evolución interanual de los Ingresos Públicos, los Gastos Públicos y la Deuda Pública durante el periodo 1970-2002, podemos apreciar como en el año 1982, teniendo la Deuda Pública un marcado carácter creciente con respecto a la década anterior, aún se mantenía bastante lejos de los techos máximos que nuestra Deuda Pública alcanzó a mediados de la década de los noventa.

‒ Imparable destrucción de empleo con tasas de paro del 16,5% de la población activa [2]. Ante esta situación (Comella, 2008:360), el gobierno de Felipe González puso en marcha una serie de políticas estructurales (en los ámbitos de la industria, la energía, la agricultura, la Seguridad Social y la empresa pública) que, junto a una política salarial dirigida a la contención salarial mediante el establecimiento de acuerdos interconfederales, estaban destinadas al fomento de la creación de empleo.

Evolución Interanual Paro Registrado durante el periodo 1982-2011

Crisis Política: Nuevo Sistema de Partidos Políticos + Terrorismo + Proceso Autonómico + Ingreso a la CE.




‒ Después de las elecciones de octubre de 1982 se produce un cambio radical del sistema de partidos. El Bipartidismo Imperfecto deja paso a un Sistema de Partidos Predominante (escenario vigente durante las próximas dos décadas) en el que, además del triunfo rotundo del PSOE, se produce un/a:

Quiebra y desmoronamiento del partido en el Gobierno y protagonista de la transición. Es la «Quiebra del Centrismo» (Tusell, 2005:316). Unión de Centro Democrático logró 11 escaños, es decir, un 6,77% de los votos, poco más de 1,4 millones de votos, demostrando ser una coalición de diversas «familias» no siempre bien avenidas (Comella, 2008:358), tal y como quedó de manifiesto por la dimisión de Adolfo Suárez como Presidente del Gobierno a principios de 1981 como consecuencia de las disensiones internas dentro de su formación política. Era el precio de no haber conseguido ir más allá de «una mera coalición electoral» (Tusell, 2995, 300).




Ascenso de Alianza Popular que, con las cifras citadas más arriba, logró posicionarse en el Parlamento con un incremento de 97 diputad@s.




Hundimiento del Partido Comunista de España. Sin llegar a los 900.000 votos (un 4% de los votos emitidos) sólo logró 4 escaños (es decir, perdió 19 diputad@s).




Confirmación de los partidos políticos nacionalistas [3]. Haciendo un análisis de la fisonomía regional del escrutinio, ya no de las elecciones de octubre de 1982, si no de las elecciones de junio de 1977, rápidamente se observa el potente latido regionalista en Catalunya: uno de cada dos votos emitidos en Catalunya cinco años antes ya era de tendencia marcadamente autonomista (el 20% del voto registrado fue comunista y el 30% socialista) (Vilar, 1978:242).




Resulta de interés analizar la evolución experimentada por el arco parlamentario a lo largo de las elecciones generales de los años 1977, 1979 y 1982 en comparación, para cada uno de hitos electorales, con el arco parlamentario resultante de las pasadas elecciones del año 2008. Nos ofrece una excelente perspectiva histórico-evolutiva de nuestro sistema de partidos políticos a través del cual podemos esbozar las correspondientes matrices de trasferencia de voto que se produjeron después de cada una de las citas electorales.


Representación Parlamentaria por Partidos Políticos después de las Elecciones Generales de Junio de 1977
Representación Parlamentaria por Partidos Políticos después de las Elecciones Generales de Marzo de 1979
Representación Parlamentaria por Partidos Políticos después de las Elecciones Generales de Octubre de 1982

‒ Terrorismo de ETA asestando golpes. Entre los años 1978 y 1981, ETA asesinó a 264 personas. Y esta tendencia no cambió: durante la legislatura se produjeron más de un centenar de víctimas. Sólo durante 1982 ETA asesinó a 37 personas. Así pues, sólo en cinco años (los comprendidos entre 1978 y 1982) se registró un tercio del total de víctimas de ETA (829 personas) [4] . 

‒ Conducción incierta del proceso autonómico.

‒ Obstáculos planteados por Francia para que España se incorporase a la CE. No se consiguió la integración con pleno derecho hasta el 1 de enero de 1986.

Ante estos retos planteados al PSOE, el decálogo de las líneas estratégicas de actuación política del gobierno liderado por Felipe González (iniciado en 1982 y continuado en parte a lo largo de las siguientes legislaturas) fue el siguiente: (1) Sanear la economía adoptando medidas de ajuste, (2) Completar el mapa autonómico aprobando los Estatutos de Autonomía pendientes y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas; (3) Lograr un Ejército más reducido y eficaz, subordinado al poder civil; (4) Pactar con la Iglesia Católica la financiación de la red de centro privados de enseñanza primaria; (5) Reformar la Justicia; (6) Dotar al Estado de recursos suficientes para emprender Políticas Sociales que conformen el Estado de Bienestar, (7) Mostrar al empresariado la no voluntad intervencionista del Estado, (8) Reforzar las políticas de «vertebración» de España (con proyectos de obras públicas y comunicaciones); (9) Fomentar y potenciar la cultura española; y (10) Afirmar la presencia de España en el ámbito exterior (manteniéndola en la OTAN y logrando su plena integración en la CE, salvaguardando las relaciones bilaterales con Estados Unidos.



[1] Supone el inicio de la Era Socialista entendida como el predominio más prolongado de un partido político elegido por sufragio universal en toda la historia contemporánea de España. De hecho, Felipe González, con trece años y cinco meses como Presidente de Gobierno, es el líder de un partido político que más tiempo ha permanecido en el poder, casi quintuplicando la anterior marca de O’Donnell (con cinco años y dos meses, entre 1858 y 1863).

[2] En una situación de estanflación (estancamiento con inflación), unas 200.000 empresas suspenden pagos (o se disuelven) generando la pérdida de casi dos millones de empleos en diez años. En los años 1984 y 1985 la cifra de desempleados ascendía a 2,8 millones de personas. Hasta 1993 no se rebasaría por primera vez la cifra de 3 millones de desempleados, es decir, un 23% de la población activa del momento. Como causas se apuntan las siguientes: (a) Falta de inversiones, (b) Reconversión industrial para mejorar la productividad y la competitividad, (c) Creciente mecanización, robotización e informatización del trabajo y de los servicios, y (d) Masiva incorporación de la mujer a la demanda de empleo.

[3] A modo de ejemplo y sólo citando a los partidos políticos que lograron representación parlamentaria: En Cataluña: (a) Convergencia i Unió (CiU) logra 12 escaños después de lograr casi 800.000 votos (registro que supone casi un 4% de los votos emitidos); (b) Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) logra presencia parlamentaria después de lograr casi 140.000 votos (registro que supone casi un 0,7% de los votos emitidos). En el País Vasco: (a) El Partido Nacionalista Vasco (PNV) logra 8 escaños después de lograr casi 400.000 votos (registro que supone casi un 2% de los votos emitidos); (b) Herri Batasuna (HB) logra 2 escaños después de lograr más de 200.000 votos (registro que supone casi un 1% de los votos emitidos); y (c) Euskadiko Ezquerra (EE) consigue presencia parlamentaria después de superar los 100.000 votos (registro que supone casi un 0,5% de los votos emitidos).

[4] El Periódico de Catalunya. Edición del 21 de Octubre de 2011. Págs. 10-11.

CLICA AQUÍ para acceder a UNED store

UNA DEMOCRACIA POR FIN CONSOLIDADA: Organización Territorial del Estado a partir de 1978 (5 de 6)

Texto académico de evaluación continua
Historia Política y Social Contemporánea de España
(Grado de Ciencia Política y de la Administración -UNED).
Comparación del mapa de España y sus divisiones territoriales antes y después de la Constitución de 1978. 

«Manteniéndose prácticamente la misma estructura territorial del Estado a nivel provincial, éste se organiza en CCAA, nueva configuración territorial que implica algunas variaciones sobre las antiguas ‘Regiones’»

División Territorial Anterior a la Constitución de 1978. La reforma llevada a cabo por Javier de Nurgos en 1833 se ha mantenido prácticamente sin cambios (a nivel provincial) hasta la actualidad, a pesar de los intentos posteriores de modificación [1]. Dividía el territorio español en 49 provincias a partir de un criterio racional, con un tamaño relativamente homogéneo y eliminando la mayor parte de los exclaves y enclaves propios del Antiguo Régimen. A su vez y como organización territorial, agrupaba estas 49 provincias en 15 regiones [2] (con un carácter meramente clasificatorio, sin reservar para estas regiones ningún tipo de competencia u órgano administrativo o jurisdiccional común a las provincias que agrupaban). (Véase Figura 2 del Anexo).


Mapa Provincial Previo a la Constitución Española 1978

División Territorial Posterior a la Constitución de 1978. Tras la aprobación de la Constitución de 1978, España se vertebra territorialmente en 17 Comunidades Autónomas [3] y 2 ciudades autónomas[4] (Véase Figura 3 del Anexo). Excepto las uniprovinciales, cada autonomía se divide en varias provincias (división territorial constitucionalmente reconocida), las cuales son las mismas, salvo modificaciones menores, que las de la división territorial de Javier de Burgos de 1833. En España hay un total de 50 provincias, que, junto con Ceuta y Melilla y algunas posesiones insulares menores (no sujetas a la división provincial por depender directamente de la administración central), comprenden la totalidad del territorio español (Véase Figura 4 del Anexo).


Mapa Autonómico Constitución Española 1978
Mapa Provincial Constitución Española 1978

Diferencias entre las Divisiones Territoriales Anterior y Posterior a la Constitución de 1978.  

(1) A nivel provincial, la división territorial anterior a la Constitución de 1978 cuenta con 49 provincias, mientras que la división territorial posterior a la Constitución de 1978 contaba con 50 provincias. Las Islas Canarias no habían sido divididas en dos provincias hasta la fecha, siendo Santa Cruz de Tenerife su capital. En 1927, con la aparición de la provincia de Las Palmas, se aumentó el número de provincias a 50.

(2) A nivel de agrupación provincial, la división territorial anterior a la Constitución de 1978 contaba con 15 regiones, mientras que la división territorial posterior a la Constitución de 1978 cuenta con 17 Comunidades Autónomas. Sin entrar en el detalle de las modificaciones de denominación, las variaciones territoriales son las siguientes:

‒ Constitución de la Comunidad de Madrid como Comunidad Autónoma uniprovincial, dejando de pertenecer a la región de Castilla la Nueva.

‒ Constitución de Cantabria como Comunidad Autónoma uniprovincial, dejando de pertenecer la provincia de Santander a la región de Castilla la Vieja.

‒ Constitución de La Rioja como Comunidad Autónoma uniprovincial, dejando de pertenecer la provincia de Logroño a la región de Castilla la Vieja.

‒ Con las modificaciones ya comentadas de Santander y Logroño, las regiones de Castilla la Vieja y León se aúnan en una única Comunidad Autónoma: Castilla y León.

‒ La provincia de Albacete deja de pertenecer a la región de Murcia y pasa a integrarse en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 

(3) Adquisición del estatuto de ciudad autónoma por parte de Ceuta y Melilla, toda vez que se segregan de Cádiz y Málaga respectivamente.



[1] Los intentos de modificación fueron los siguientes: (a) En un intento de regionalizar más la península, Patricio de la Escosura promulga un decreto el 29 de septiembre de 1847 (suspendido el mismo año) por el que se dividía la península en 11 gobiernos generales; (b) En 1873, durante la Primera República Española se elaboró un proyecto de Constitución que definía a España como una República Federal integrada por 17 estados con poder legislativo, ejecutivo y judicial. Estos estados tendrían una «completa autonomía económico-administrativa y toda la autonomía política compatible con la existencia de la Nación», así como «la facultad de darse una Constitución política». Esta constitución, cuyo texto se atribuye a Castelar, nunca llegó a adoptarse; (c) Posteriormente, en 1884, Morel presentó un nuevo proyecto de ley, que distribuía la península e islas adyacentes en 15 regiones administrativas y políticas, aproximándose a la distribución de las Audiencias Territoriales, que también fracasó; (d) Siete años después y promovida por Silvela hubo otro intento de regionalización que tampoco se llegó a consumar. Mediante una Real Orden de 20 de julio de 1891 dio cuenta de la intención de organizar el gobierno de la península, Canarias y Baleares en 13 regiones. Este proyecto preveía que las regiones alcanzasen una consideración importante como ente autónomo. Las únicas cuatro regiones peninsulares que mantienen sus límites en todos los proyectos de regionalización son Cataluña, Galicia, Granada (denominada Andalucía Alta en la Constitución de 1873) y Sevilla (denominada Andalucía en el proyecto de Escosura y Andalucía Baja en la Constitución de 1873).


[2] (1) Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla), (2) Aragón (Huesca, Teruel y Zaragoza), (3) Asturias (Oviedo), (4) Baleares (Palma de Mallorca), (5) Canarias (Santa Cruz de Tenerife), (6) Castilla la Nueva (Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo), (7) Castilla la Vieja (Ávila, Burgos, Logroño, Palencia, Santander, Segovia, Soria y Valladolid), (8) Cataluña (Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona), (9) Extremadura (Badajoz y Cáceres), (10) Galicia (La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra), (11) León (León, Salamanca y Zamora), (12) Murcia (Albacete y Murcia), (13) Navarra (Navarra), (14) Valencia (Alicante, Castellón de la Plana, y Valencia) y (15) Vascongadas (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya).

[4] Las ciudades de Ceuta y Melilla, segregadas en 1995 respectivamente de las provincias de Cádiz y de Málaga, adquirieron el estatuto de ciudades autónomas.


CLICA AQUÍ para acceder a UNED store

UNA DEMOCRACIA POR FIN CONSOLIDADA: La Constitución de 1978 (4 de 6)

Texto académico de evaluación continua
Historia Política y Social Contemporánea de España
(Grado de Ciencia Política y de la Administración -UNED).
¿Cuáles son las características más sobresalientes de la Constitución de 1978? 

«Un estado democrático (pluralismo político y participación política por sufragio universal) y social de derecho bajo la forma política de Monarquía Parlamentaria (con bicameralismo) afirmando derechos públicos subjetivos (individuales y colectivos) en un contexto de descentralización territorial» 

La Constitución de 1978 obtuvo amplísima mayoría tanto en la votación del Congreso (con un 93% de votos favorables), como en la votación del Senado (con un 89% de votos favorables) y, posteriormente, un generalizado consenso social en el referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978 (87,78% de los votantes, cifra que representaba casi el 60% del censo electoral) y del que sólo se excluyeron los nacionalistas vascos. Este amplio consenso sólo es posible si su contenido se ajusta de forma mayoritaria a las necesidades y expectativas políticas del conjunto de la ciudadanía. 


La Constitución de 1978 acaba por completo con esta configuración política y social. Del mismo modo que la Constitución de 1812 supone para España el inicio del Estado Liberal dejando atrás el Antiguo Régimen, la Constitución de 1978 representa para España la recuperación de un régimen democrático (dejando atrás de nuevo un Antiguo Régimen) propugnando como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

El Régimen Franquista se estructuró y desarrolló sobre la base compartida de tres pivotes, instrumentos y funciones esenciales: (a) Militarismo y Ejército para amedrentar, (b) Catolicismo e Iglesia para re-ligar y adoctrinar, y (c) Tradicionalismo-Conservadurismo y Movimiento Único de origen falangista para gobernar [1].

Con respecto a la Fuerza Armadas, en su Título Preliminar (justamente el que no leyeron los condenados a treinta años de cárcel por intento de golpe de estado el 23 de febrero de 1981: Antonio Tejero [2], Alfonso Armada, Jaime Milans del Bosch), les asigna la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, derivándose a una Ley Orgánica (por tanto, con elevado consenso de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria) la regulación de las bases de su organización.

Con respecto a la Iglesia, declara expresamente la aconfesionalidad del Estado, sin reconocerse religión oficial alguna (si bien hace mención expresa a la Iglesia católica). Para el Régimen, España era «Una, Grande y Libre», una tríada con claro simbolismo teológico (Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo) a través de la cual y de modo implícito, compara (buscando la identidad) a España con la Iglesia.

Con respecto al Conservadurismo ideológico que abogaba por una democracia orgánica (por oposición a la parlamentaria) con la Constitución de 1978, estructurada en una parte dogmática [3] y una parte orgánica [4], se establecen los siguientes principios rectores:

(a) Una Monarquía Parlamentaria. Hay quien ha utilizado las denominaciones de «Segunda Restauración» o «Restauración Monárquica» (Comella, 2008:353). No obstante y respecto a otros contextos históricos y para evitar concomitancias con el código de 1876 (Comella, 2008:357), este planteamiento implica una limitación (o pérdida) de los poderes de la corona.

(b) Soberanía Nacional, la cual reside en todo el «pueblo español», el cual podrá participar directamente o a través de representación (elegida por sufragio universal) en las instituciones del Estado.

(c) Un Estado Social y Democrático de Derecho:

Estado de Derecho, esencialmente, manifestado a través del imperio de la ley, la sujeción del Estado al derecho, la división de poderes (legislativo con bicameralismo [5], ejecutivo y judicial [6]) y el reconocimiento de un amplio catálogo de derechos y libertades fundamentales (tanto individuales como colectivas) [7] por parte del Estado. Abre la vía al divorcio, constitucionaliza el derecho a huelga, aunque no el de objeción de conciencia.

Estado Democrático, esencialmente, manifestado en un pluralismo democrático que incluye desde el pluralismo cultural (lingüístico y simbólico) hasta el pluralismo político (constitucionalizándose la existencia de partidos políticos nacionales y regionales, sindicatos y agrupaciones patronales), pasando por el pluralismo social.

Estado Social, esencialmente, manifestado en la intervención del Estado en la vida social y económica para, haciendo un uso alternativo del derecho más allá de la mera protección del statu quo, promover y garantizar un mayor grado de bienestar en beneficios de todos los ciudadanos en un orden de economía mixta (reconociendo la propiedad privada y el mercado libre, pero con un sector público interventor por medio de la planificación económica).

(d) Un Estado Autonómico que implica un elevado grado de descentralización. Se establecen las Comunidades Autonómicas dotadas de amplias competencias. Es nuestro «Estado de las Autonomías» (Comella, 2008:353). Se introdujo por primera vez el término «nacionalidad» al reconocer y garantizar el «derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones» después de afirmar enfáticamente la «indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Lejos queda por tanto, aquel «Una, Grande y Libre».





[1] Por ello, Franco era recibido como Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, Victorioso Caudillo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, Caudillo de nuestra Gloriosa Cruzada de Liberación Nacional.

[2] En 1982 y desde la cárcel, organizó un efímero partido político (Solidaridad Española) de extrema derecha para presentarse a las elecciones generales, recibiendo el respaldo de 28.451 votos en toda España

[3]  Principios constitucionales y derechos fundamentales.

[4]  División de poderes y organización política y territorial.

[5] Se establece un doble parlamento formado por el Congreso (con criterios de representación proporcional) y el Senado (sistema mayoritario con representación igual por provincia). Así mismo, se refuerza el poder ejecutivo frente al Parlamento, ya que la moción de censura constructiva hace prácticamente imposible retirar la confianza al gobierno por iniciativa del Congreso.

[6] Aunque no integrada en el Poder Judicial, hay que citar la Justicia Constitucional materializada en el Tribunal Constitucional que, como intérprete supremo de la Constitución y encarnando una auténtica jurisdicción, es el órgano encargado de velar por la adecuación constitucional de los actos de los poderes públicos (incluida la producción normativa del poder legislativo) y de los particulares.

[7] Por su contenido material, los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de 1978 muestran todos los estadios de afirmación de los derechos públicos subjetivos: desde el Estatus Libertatis (derechos personales) hasta el Estatus Positivus Socials (derechos económicos, sociales y culturales), pasando por el Estatus Civitatis (derechos civiles derivados de un Estado de Derecho) y el Estatus Activae Civitatis (derechos políticos derivados de un Estado Democrático). Es gracias a la consolidación constitucional que todos estos derechos subjetivos que actualmente (y desde ya hace unos años) se pueda hablar en España de una Sociedad Civil Organizada como el Quinto Poder del Estado.

CLICA AQUÍ para acceder a UNED store