UNA DEMOCRACIA POR FIN CONSOLIDADA: La Ley de Amnistía (3 de 6)

Texto académico de evaluación continua
Historia Política y Social Contemporánea de España
(Grado de Ciencia Política y de la Administración -UNED).

¿Cómo se podría caracterizar el proyecto de Ley de Amnistía? 

«Como la institucionalización del olvido político (que no social, en parte) y de no distinción entre vencedores y vencidos que, aunque no factor suficiente, sí necesario para la creación conciliadora de la Tercera España del 36 cimentada en un sistema democrático articulado a través de un sólido sistema de partidos políticos de suficiente amplitud ideológica» 

De un lado: «El cadáver de Franco permaneció expuesto sobre un catafalco en la Sala de Columnas del Palacio de Oriente: Durante las 50 horas que la sala permaneció abierta al público, hubo colas de espera de varios kilómetros. Entre 300.000 y 500.000 personas pasaron ante su cadáver. Y no sólo para asegurarse de que estaba muerto» (Preston, 1998:967). De otro lado y en palabras de Manuel Vázquez Montalbán: «Durante todo el día 20 de noviembre de 1975 la ciudad se llenó de transeúntes con silenciador […] Ramblas arriba, Ramblas abajo […] Sobre el skyline de la sierra de Collserola se veían ascender hacia el rápido crepúsculo del otoño los tapones de champán, mas no se oía su ruido» (Preston, 1998:967). Mientras tanto y durante 13 años: «Desde 1975 hasta su muerte en febrero de 1988, Carmen Polo, viuda del dictador, recibía una asignación mensual neta por encima de las 652.000 pesetas […] Cobraba anualmente 4.000.000 de pesetas más que el Presidente del Gobierno, cuyo salario anual ascendía a poco más de 8.000.000 de pesetas» (Sánchez Soler, 2003:27). El mayor Edmond Mahony, agregado militar británico en España, remite a sus superiores el 7 de noviembre de 1938 un informe reservado y confidencial en el que, aseverando que «el español no es un hombre que se guíe por la razón», afirma: «La guerra civil forma parte de la tradición nacional: al igual que la corrida de toros, proporciona un dividendo gratificante en forma de exaltación emocional. Por eso, la perspectiva de una prolongación indefinida de la guerra civil probablemente causa menos consternación en España que la que suscita en el extranjero» (Núñez Florencio, R., 2005, 29).

Con este sustrato social, no resulta extraño que durante la década posterior a la muerte de Franco, en Madrid hubo 36 manifestaciones de más de 100.000 asistentes […] Entre 1975 y 1980 hubo 460 muertos (Tusell, 2005:279). A pesar de todo y en términos generales, parece existir consenso generalizado en afirmar que la nuestra fue una transición democrática pacífica. Sin duda, uno de los factores que propició este proceso de transición democrática sin fractura social de las dos primeras Españas del 36 (cuanto menos explícita) fue la aprobación de la Ley de Amnistía. Y en este sentido, Adolfo Suárez supo leer, adaptarse y aprovechar muy bien la cadena trófica-política del momento. Su secuencia de fases estratégicas en las que estructuró el proceso de transición democrática a partir de mediados de 1976 fueron los siguientes: (1) Legalización de los partidos políticos a través de su Ley de Reforma Política (a finales de 1976), (2) Convocatoria de elecciones democráticas (a mediados de 1977), y (3) Aprobación de la Constitución (en las postrimerías de 1978).

En el contexto de esta secuencia lógica, entre la segunda y la tercera fase era necesaria la despenalización de la militancia o afiliación a posicionamientos políticos que no fuese el Movimiento Nacional. Habiéndose constituido ya el primer gobierno democrático a través de las urnas y como requisito previo al diseño y elaboración del marco constitucional que debía definir los principios programáticos del futuro sistema democrático, no cabía la figura del «preso político». En un futuro no podrá aspirarse al ingreso en la Comunidad Europea con personas encarceladas y/o exiliadas en virtud de su militancia sindical o afiliación a un partido político, sin habérseles imputado delito alguno de sangre.

En su deseo de «llevar al Estado lo que ya estaba en la calle», haciendo coincidir la situación de facto con la situación de iure y como muestra de su talante innovador, Adolfo Suárez fue quien por primera vez promovió una amplia amnistía. Aprendió de la propia sociedad y, en parte, de la oposición (Tusell, 2995, 279). También hizo suya alguna demanda social dirigida al monarca: «Juan Carlos, escucha» acabó siendo una de las proclamas más frecuentes en todas las manifestaciones de la oposición (Tusell, 2995, 285). 

En julio de 1977 se celebró el primer debate parlamentario después de las elecciones del mes de junio. Todos los partidos políticos con representación parlamentaria tuvieron ocasión de exponer sus programas y objetivos políticos. Entre los propósitos enunciados destacó la ampliación de la amnistía. De hecho, lo primero que se debatió fue el proyecto de Ley de Amnistía presentado por varios grupos parlamentarios. Era una cuestión prioritaria, esto es, urgente y necesaria. La idea de consenso que prevaleció fue la de olvidar el pasado y no utilizarlo como arma de lucha política. Por tanto, nadie que aceptase las nuevas reglas debía quedar fuera por motivos del pasado. La memoria de lo que todos valoraron como una trágica escisión política y social fue el elemento cohesionador que reforzó el consenso de todos. Acerca de nuestra «política de la memoria» del siglo XX se ha dicho que durante la transición decidimos «no recordar», haciendo un «pacto de olvido» en relación con la Guerra Civil y el Franquismo, para poder así facilitar la instauración de la democracia (Brunner, 2009:163). En este sentido, cabría hacerse una aclaración importante. Lo que hubo en realidad es un «pacto de no utilizar políticamente el pasado, según la expresión utilizada por Santos Juliá […] Hubo un pacto de no ejecutar represalias, basado en el reconocimiento de que crímenes y abusos se habían cometido por los dos lados» (Álvarez Junco, 2009:185). Pero no hubo un pacto de olvido. Al contrario, se recordó, y se recordó de manera constante. «La opinión de Santos Juliá es que durante la Transición se publicaron toneladas de libros sobre la Guerra Civil (que para otros autores generó una saturación de obras sobre el tema o una trivialización sentimental) […] Entre 1976 y 1985 se publicaron 168 novelas (y entre 1986 y 1996 se publicaron 60 más) que versaban sobre estos asuntos (siendo catorce de ellas premiadas con los galardones literarios más prestigiosos: Nacional de Literatura, Planeta o Nadal)» (Álvarez Junco, 2009:186).

No hubo amnesia […] sino voluntad de olvidar, de «echar al olvido» para evitar un posible conflicto. Así se explica la voluntad de llegar a una amnistía generalizada (Tusell, 2005:282). Traumatizados por los horrores del extremismo sectario experimentado durante la guerra civil y la posterior represión, la mayoría de españoles rechazó la violencia política y la herencia de Franco en forma de deliberada política de mantener la división entre vencedores y vencidos. Las dos Españas que lucharon en 1936 se estaban convirtiendo en una tercera España de consenso democrático (Preston, 1999:23).

«Amnistía. No incluye a los presos de ETA pero sí a todos los demás. Es una amnistía de verdad. No un parche […] Aquella declaración programática abre las puertas a otro universo político: soberanía popular y gobierno representativo» (Prego, 1995:511). En el primero de sus únicos doce artículos, la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, concede la amnistía a todos los actos de intencionalidad política tipificados como delitos y faltas previos al día 15 de diciembre de 1976 y a los que, realizados entre dicha fecha y el 15 de junio de 1977, junto a la intencionalidad política se aprecie voluntad de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España. Además, también se concede la amnistía a todos los actos que, guardando identidad con los anteriores y realizados antes del 6 de octubre de 1977, no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas.

Así pues, la amnistía general promulgada en octubre de 1977 fue el primer peldaño de un proceso que, a través de una Constitución democrática, debía conducir al ingreso de España en la Comunidad Europea. En definitiva, dibuja un escenario, un tiempo y un espacio de consenso necesario para generar la estabilidad suficiente para fomentar y potenciar el inicio del nuevo proyecto de sistema político democrático y de monarquía parlamentaria que se encontraba en avanzado estado de gestación.

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UNA DEMOCRACIA POR FIN CONSOLIDADA: El Momento Político en 1977 (2 de 6)

Texto académico de evaluación continua
Historia Política y Social Contemporánea de España
(Grado de Ciencia Política y de la Administración -UNED).

¿Cómo se caracteriza el momento político a principios de 1977? 

«Entre el avance reformista y el retroceso de inmovilistas, la oposición democrática se legaliza, evitándose la militarización del orden social desde la sociedad civil» 

Es posible que a más de un@ pesimista, a principios de 1977, le viniese a la cabeza, salvando las obvias diferencias históricas, la inestabilidad que caracterizó nuestro siglo XIX. Antes: 130 Gobiernos, 9 Constituciones, 3 destronamientos, 5 guerras civiles, decenas de regímenes provisionales y un número incalculable de revoluciones que podemos cifrar en 2.000, es decir, un intento de derribar el poder establecido cada 17 días (Comella, 2008:234). Ahora: fin del franquismo, gobierno de Arias Navarro y, apenas un semestre después, nombramiento de Adolfo Suárez como nuevo Presidente del Gobierno (como preludio de lo que sucedería un año después: su legitimación ante las urnas por sufragio universal). La transición democrática continúa su proceso gradual de apertura política que culminaría un año después con la aprobación de la Constitución de 1978. Después del primer semestre de gobierno de Adolfo Suárez, el momento político queda caracterizado por cuatro factores básicos:

Portada de El Alcázar de 1987

1. RETROCESO DE LOS INMOVILISTAS. Muestra de esta tendencia la tendremos en los años venideros. En las múltiples elecciones municipales, autonómicas y generales habidas en España desde 1977, los partidos que defienden abiertamente valores franquistas nunca han cosechado más del 2% de los votos (Preston, 1998:975). No obstante, los inicios de la transición muestran un sector bunkerizado que, publicando en El Alcázar, está liderado por ilustres demócratas como José Antonio Girón de Velasco, José María Fernández de la Vega [1] y Sedano o Blas Piñar [2].

2. AFIANZAMIENTO DE LOS REFORMISTAS. En este juego de fuerzas políticas, que afortunadamente no acabó siendo de suma cero, Rodolfo Martín Villa, Ministro de Gobernación del momento, atribuye la principal responsabilidad de la transición a los más jóvenes y reformistas del régimen anterior y a los más viejos de la oposición (Tusell, 2995, 279).

3. AVANCE DE LA OPOSICIÓN DEMOCRÁTICA. La oposición democrática pasa de la presión de la calle a sentarse en la mesa de negociación [3]. Durante la fiebre asociacionista, llegaron a constituirse más de 200 partidos políticos (Comella, 2008:355), aunque la conciencia del «voto útil» polarizó las fuerzas y acabó por centrar las opciones en unos pocos partidos políticos. El Partido Comunista de España contaba con doscientos mil afiliados. Liderado por Santiago Carrillo (o, si lo prefieren, Alfredo Solares Martínez, una de las identidades falsas utilizadas por Santiago Carrillo durante el franquismo junto con la de Jacques Giscard), este partido obtuvo el 10% de los votos en las elecciones celebradas el 15 de junio de 1977 (Preston, 1998:974), cifra que representó la obtención de 19 escaños, tal y como muestra el siguiente gráfico:

Gráfico 1. Representación Parlamentaria por Partidos Políticos después de las Elecciones Generales de 1977

Estos tres primeros factores configuradores del contexto político de principios de 1977 se vieron fuertemente influenciados por la aprobación en referéndum (celebrado el 6 de diciembre de 1976) del proyecto de Ley de Reforma Política (LRP) presentado por Adolfo Suárez ante las Cortes meses antes. Habiéndose asegurado la neutralidad de las Fuerzas Armadas y negociado con los sectores del régimen el procedimiento de reforma, Suárez logró que las Cortes aprobasen su proyecto, dotando de legalidad el referéndum de ratificación de la LRP. El éxito cosechado por Suárez en el referéndum [4] le dotó de absoluta legitimidad para negociar ante la oposición (desde comunistas hasta demócratas-cristianos, pasando por partidos regionalistas) las políticas a seguir para llegar a unas primeras elecciones generales libres convocadas en España desde 1936. Repasando las imágenes de lo sucedido en la sesión parlamentaria en el Congreso de los Diputados del 18 de noviembre de 1976 en la que se votó y aprobó la LRP, no puede dejar de sorprendernos el semblante de Adolfo Suárez al comprobar que el proyecto por él liderado finalmente significó la tan anhelada legalización de los partidos políticos [5]. Cerrando los ojos y dibujando una sonrisa que deja entrever plena satisfacción, apoya su cabeza sobre su asiento del hemiciclo… ¿recordando el reciente retorno de Santiago Carrillo de su exilio parisino? ¿Visualizando anticipadamente la edición del BOE del 29 de diciembre de 1978? ¿O dibujando también anticipadamente el arco parlamentario que se configuraría tras las elecciones de junio de 1977 y que se acaba de mostrar en el Gráfico 1? Organizada en una Plataforma de Organismos Democráticos o «Platajunta» (Prego, 1995:420), la oposición articuló las siguientes peticiones en la negociación emprendida con el gobierno: (a) Convocatoria de Cortes Constituyentes, (b) Amnistía, (c) Legalización de los partidos políticos, (d) Reposición  de los Estatutos de Autonomía plesbicitados en los años treinta, y (e) Disolución de las instituciones de la dictadura [6].

4. FRACASO DE LA MILITARIZACIÓN DEL ORDEN SOCIAL. Se sucedieron numerosos intentos de militarizar el orden público en una confluencia de intereses por parte de grupos de extrema-derecha (Guerrilleros de Cristo Rey y Falange Española) y extrema-izquierda (ETA y GRAPO). Al quedarse fuera del nuevo sistema en gestación, unos y otros actuaron en la línea de crear un clima de pánico que paralizase el proceso de instauración democrática. Esta postura quedó ejemplificada con los sucesos de la calle Atocha de Madrid [7] perpetrada por camisas azules [falangistas] y boinas rojas [carlistas] con corbata negra [guardando luto por José Antonio] a la caza del rojo. No obstante, la «Matanza de Atocha» (Montero, 2005) generó justamente el efecto contrario al pretendido [8]. Viendo las imágenes de la manifestación convocada ante estos sucesos de Atocha con motivo del entierro de las cinco víctimas mortales [9], reaparecen de nuestra memoria reciente los centenares de miles de personas que, al grito de «Basta Ya» y entre un mar de manos blancas, salieron a las calles e impregnaron España del «Espíritu de Ermua» (bautizado así por primera vez por el diario ABC) con motivo del secuestro y posterior «muerte anunciada» de Miguel Ángel Blanco por parte de ETA en julio de 1997.

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[1] Tío de María Teresa Fernández de la Vega que, con Zapatero en el Gobierno, ocupó su Vicepresidencia.

[2] Con la ayuda de Jean-Marie Le Pen, concurrió a las Elecciones al Parlamento Europeo en 1987 y obtuvo más de 122.000 votos. En 1989, obtuvo un respaldo electoral por encima de los 60.000 votos.

[3] No obstante y mientras se debatían las reglas que regirían el nuevo sistema político, seguían vigentes las anteriores reglas que regían la política de orden público, como quedó de manifiesto con la militarización de Correos y Renfe ante sus respectivas huelgas.

[4] El 94,2% de los votos emitidos fueron a favor y tan sólo un 2,6% de los votos en contra (registrándose una abstención del 22,3%).

[5] Nueva Historia de España. La Historia en su Lugar. España en Democracia. [Vídeo] Barcelona: Editorial Planeta, [2002] 1 Disco Compacto.

[6] El Tribunal de Orden Público, el Movimiento Nacional y la Organización Sindical.

[7] El 24 de enero de 1977 tres miembros de la Falange Española de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas y estandarte del nacional-sindicalismo y del fascismo español), posteriormente procesados y condenados según sentencia del 4 de marzo de 1980 a 193 años de prisión dos de ellos y a 73 años el tercero) cometieron el atentado terrorista tardofranquista tristemente más recordado. Buscando a Joaquín Navarro Estevan, dirigente comunista del Sindicato de Transportes de Comisiones Obreras que había desarticulado la mafia franquista del transporte, irrumpieron en un despacho laboralista vinculado a Comisiones Obreras y al Partido Comunista de España. Asesinaron con armas de fuego a cinco abogados laboralistas, y sindicalistas, dejando gravemente heridos a cuatro personas más.

[8] Provocó una reacción popular en la que miles de personas se manifestaron con la voluntad, no ya de continuar con el proceso de negociación, sino de acelerarlo con la legalización de los partidos políticos. «La conquista de legitimidad social del PCE avanzó la tarde de aquel entierro [el de las víctimas de Atocha] más que en los dos años anteriores». En este contexto, también cabe destacarse la ratificación del compromiso por parte de los medios de comunicación, el autocontrol del Gobierno y el comportamiento del Partido Comunista.

[9] Nueva Historia de España. La Historia en su Lugar. España en Democracia. [Vídeo] Barcelona: Editorial Planeta, [2002] 1 Disco Compacto.

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UNA DEMOCRACIA POR FIN CONSOLIDADA: La Dictablanda de Arias Navarro (1 de 6)

Texto académico de evaluación continua
Historia Política y Social Contemporánea de España
(Grado de Ciencia Política y de la Administración -UNED).

¿Por qué «el primer gobierno de la monarquía parecía ser el último de la dictadura»? 

«Porque en el contexto de una manifiesta inhibición política de Arias Navarro, se articuló una lógica de apertura democrática desde dentro y sin ruptura (Dictablanda) que acabó siendo un desastre sin paliativos». 

En cuanto tuvo conciencia que estaba muriendo, Franco redactó su testamento político al pueblo español. Fue leído en directo por televisión por un lloroso Arias Navarro a las diez de la noche del mismo día de su muerte. «Creo y deseo no haber tenido otros [enemigos] que aquellos que lo fueron de España». Y advertía: «No olvidéis que los enemigos de España están alerta» (Preston, 1998:966). Es probable que esta profecía de Franco influyese en la forma protogubernativa de dirección política que Arias Navarro ya venía demostrando (antes del 20 de noviembre de 1975) y continuaría demostrando después, al frente del ejecutivo. Lejos de la capacidad hacedora que un semestre después demostraría Adolfo Suárez, objeto y sujeto de la transición democrática, Arias Navarro sólo fue un objeto de la misma.

Desde sus inicios (en enero de 1974, después del asesinato de Carrero Blanco) el gobierno formado por Carlos Arias Navarro mostró una incapacidad manifiesta, ya no para acometer alguna reforma de consideración, sino incluso para desarrollar algún tipo de política (ni interior, ni exterior, ni económica). Era un gobierno paralizado por los equivocados [1] «bunkerizados» (Vilar, 1978:260), los elementos inmovilistas del régimen, así como bloqueado por las maniobras de los círculos militares próximos a los Franco. A pesar de la complicada situación [2], esta inhibición política acompaña a Arias Navarro durante los seis meses y medio de tránsito entre la muerte de Franco (el ya citado 20 de noviembre de 1975) y la designación de Adolfo Suárez como Presidente del Gobierno (el 3 de Junio de 1976).

A finales de 1975, cuando Juan Carlos de Borbón es proclamado como rey de España jurando lealtad a los principios del Movimiento Nacional [3], Arias Navarro «era tan cadáver político como Franco lo era físico» y su ratificación al frente del gobierno por parte del monarca generó no poca decepción. Juan Carlos de Borbón pretendía suavizar el tránsito y evitar la erosión de un «hombre nuevo» en los difíciles primeros momentos de tránsito. Desde la «lógica de la apertura sin ruptura», Torcuato Fernández Miranda (como presidente del Consejo del Reino) proyectaba «un cambio de la casa desde dentro y sustituyendo pieza a pieza, sin romperla» (Comella, 2008:355) en el que, simultáneamente, se produjese un progresivo desarme del régimen y una construcción pacífica del nuevo sistema, esto es, siempre yendo «de la ley a la ley» (Tusell, 2995, 289). Ya se adivinaba el gran juego de las intrigas. La limitada capacidad de iniciativa de Arias Navarro se puso de manifiesto de nuevo al admitir la presencia de algunos reformistas entre los miembros de su gobierno (Fraga, Garrigues y Areilza), que, habiendo recibido el encargo de preparar una evolución que emulase los modelos griego y portugués (Vilar, 1978:260) y permitiese la integración de España en una Europa «centrista» y «socialdemócrata» con el beneplácito de Estados Unidos, supuso un claro intento de equilibrar las fuerzas entre las facciones del régimen para avanzar por la senda de una reforma mal definida y fuertemente controlada desde el poder. Esta fórmula de la «dictablanda» (como así la calificaron desde la oposición) (Vilar, 1978:261) se demostró anacrónica. Las facciones eran personalidades rodeadas de séquitos, reducidos y enfrentados entre sí, tanto por lo acontecido en el pasado como por sus respectivas propuestas de futuro. Estas diferencias se agudizaron por la ausencia de unos objetivos de gobierno claros por parte de Arias Navarro y que fuesen compartidos por todos. Asesorado por un Fraga «jugando a ser Cánovas», Arias Navarro procedió a una apertura controlada que integrase a una oposición dispuesta a «jugar a ser Sagasta». El gobierno anunció unas reformas liberales, autorizando las asociaciones políticas, que resultaban irrisorias (Vilar, 1978:242).

Los objetivos de Arias Navarro pasaban por reformar tres Leyes Fundamentales (de Cortes, de Sucesión y la Orgánica del Estado), las leyes de Reunión y Asociación y aprobar una nueva ley sindical, así como acometer una reforma del sistema tributario. Habiendo aprobado las reformas de las leyes de Reunión y Asociación, se legalizaron los partidos políticos, si bien, la plena aplicación de sus efectos jurídicos, precisaba de la previa abolición de los artículos del Código Penal que tipificaban como delito la afiliación a los partidos políticos. En este punto, las Cortes se mostraron intratables y votaron en contra, circunstancia que supuso un golpe del que no pudo recuperarse el gobierno de Arias Navarro. Aunque en una proclama de reformismo aparente prometió «cuatro partidos políticos antes de un año» (Comella, 2008:354) en las páginas de Newsweek (Prego, 1995:391), Arias Navarro se opuso al reconocimiento del Partido Comunista de España y a todos aquellos que pudieran ser separatistas. Su aparente talante aperturista y liberal fue flor de un día (Prego, 1995:391).

El propio monarca lo calificó de «desastre sin paliativos» (Prego, 1995:441). En este estado de cosas, para llegar a una democracia plena se hacía urgente un cambio de gobierno, objetivo último de Juan Carlos de Borbón. Ante las resistencias del Consejo Nacional del Movimiento ante las reformas, el rey solicitó la dimisión de Arias Navarro, obteniéndola de inmediato. Con el ¿democrático [4]? (Sodaro, 2004:66) nombramiento posterior de Adolfo Suárez, antiguo Secretario General del Movimiento Nacional, como nuevo presidente del gobierno comenzó la fase decisiva entre la crisis del régimen franquista y la instauración de la democracia. Eso sí, al frente de un «gobierno de penenes» que, a pesar de gozar de poca confiabilidad dentro de algunos sectores del arco parlamentario del momento, va a iniciar el camino de la liberalización a la democracia (Tusell, 2005:287).

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[1] Los «continuistas» confundieron la adaptación pasiva a la dictadura por parte de la clase media con un apoyo activo al régimen por su eficacia económica. Confundieron la pasividad o apatía política de una población con poca o nula tradición democrática con una afección al Régimen derivada del desarrollismo económico que circuló en Vespa primero en un Seat 600 después.

[2] Plena crisis económica desatada en 1973 (tras la guerra arabeisraelí del Yom Kippur que provocó el brutal encarecimiento del crudo y tras la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods que alteró el sistema monetario internacional), crisis exterior con Marruecos y profunda crisis del régimen (con facciones de la dictadura enfrentadas desde 1969).

[3] Nueva Historia de España. La Historia en su Lugar. España en Democracia. [Vídeo] Barcelona: Editorial Planeta, [2002] 1 Disco Compacto.

[4] En su obra El Arte de la Manipulación Política (1990) y aplicando la Teoría de la Elección Racional a la comprensión de varias decisiones adoptadas durante la transición española, Josep María Colomer da cuenta de «cómo Torcuato Fernández Miranda manipuló el procedimiento de selección para la terna de candidatos que el Consejo del Reino debía ofrecer al Rey Juan Carlos, con el fin de incluir en ella a Adolfo Suárez, un candidato que carecía de apoyos suficientes para salir elegido en una votación directa dentro del Consejo, pero a quien el Rey había decidido de antemano designar como Presidente del Gobierno».

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